A pesar de que el gobierno disminuyó los gastos en dietas y representación el año pasado, no logró reducir el peso total de las remuneraciones en las finanzas públicas, ya que estas, en el sector público no financiero (SPNF), aumentaron en 33,564 millones de pesos en comparación con el 2020.
El SPNF abarca al Gobierno Central, los gobiernos locales, los organismos autónomos y descentralizados no financieros, las empresas públicas no financieras y las instituciones públicas de la Seguridad Social. La mayor participación en remuneraciones la tuvoel Gobierno Central, con el 69.61 %, siguiéndole en importancia las instituciones descentralizadas y autónomas con 23.48 %.
Las cifras están contenidas en el informe “Estado de recaudación e inversión de las rentas”, correspondiente al periodo fiscal 2021, remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado 16 de marzo, y elaborado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda.
En el documento, de 282 páginas, se detalla que, al 31 de diciembre del 2021 y 2020, los gastos por concepto de remuneraciones representan balances de 340,184,873,301 pesos y 306,620,867,336 pesos, respectivamente.
Cabe destacar que en el informe no se reporta un monto en 2020 por concepto de jubilaciones y pensiones, pero en 2021 sí.
Solo en el Gobierno Central, al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2021 y 2020, los gastos por remuneracionespresentan balances de 236,794,939,849 pesos y 216,161,463,218 pesos, reflejándose un incremento de 20,633,476,631 pesos, presentando mayor impacto en las cuentas Sueldos para cargos fijos, Sueldos para personal temporero y Prestaciones y bonificaciones.
A diciembre de 2020, en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) estaban registrados 637,871 empleos en el sector público y un año después aumentó a 688,075. En enero de 2022, el número iba por 691,620.
En febrero pasado, el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, dijo a Diario Libre que, hasta julio de 2021, se reflejaba una tendencia a la baja en la cantidad de servidores públicos, debido a un proceso de saneamiento o consolidación de la nómina pública.
Agregó que, al entrar en vigencia la resolución 113-21, en agosto de 2021, se inicia la transferencia desde otras nóminas existentes a las de servidores fijos y temporales, según fuera el caso, y aquellos que no tenían derecho a la seguridad social, lo adquirieron, “de tal forma que se percibe un incremento en la nómina pública”.
Insistió en que el incremento no se debe, “necesariamente, al ingreso de más servidores”. “Aunque sí, hay nuevos empleados, pero se trata más de la transparencia y la normalización que hemos llevado a cabo en esta gestión”, dijo.