La “Ley de Fragilidad Global” cuya implementación acaba de iniciar Estados Unidos en Haití, además de otros países, generará beneficios indirectos para la República Dominicana.
Siendo Haití el segundo socio comercial de la República Dominicana, después de Estados Unidos, y compartiendo ambos países una misma isla, es claro que los avances que se pueden lograr en Haití con la implementación de esa ley, beneficiarán a a la economía dominicana porque estimularía un mayor intercambio comercial y flujo de inversiones entre los dos países.
A la vez que reduciría las presiones migratorias en la medida en que se reduzcan los problemas de violencia, inseguridad y corrupción en el vecino país y, derivado de ello, mejoren las condiciones económicas en Haití.
Si la cantidad de inversiones dominicanas en Haití no es mayor es porque la violencia, la inseguridad y la corrupción llevan a muchos inversionistas dominicanos a abstenerse de hacer inversiones en el vecino país.
De hecho, los propios empresarios haitianos han comenzado a llevar parte de sus inversiones a otros países, entre ellos a la República Dominicana.
Este año ya el gobierno de Estados Unidos ha asignado US$125 millones para un Fondo de Prevención y Estabilización, que complementará los acuerdos de cooperación y asistencia que tiene Washington con los países directamente beneficiados, que son además de Haití, Libia, Mozambique y Papúa.
También la costa occidental de África, que incluye a Benin, Costa de Marfil, Ghana, Guinea y Togo.
El plan
El plan, en línea con la Estrategia del Grupo Banco Mundial sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia 2020–2025, estará regido por varios principios, entre ellos: prevenir conflictos, promover la resiliencia y el desarrollo económico, establecer planes para los países en conflicto, «más allá de las crisis urgentes».
La promoción de «herramientas y perspectivas» dentro de las instituciones de esos países, lo que incluiría la reformulación de sus sistemas judiciales.
Ya es conocido que la inseguridad. la violencia y la corrupción son factores que impactan negativamente en el crecimiento económico y, consecuentemente, empeoran el nivel de vida de la gente, obligando a muchos a emigrar.
En la medida en que esos problemas son reducidos se refuerza la confianza en la economía general del país, baja la volatilidad de la empresa y disminuye la incertidumbre.