Con la propuesta de ley contra la ciberdelincuencia que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, las penas por el delito de difamación serían iguales a las que recibiría alguien que se dedica a espiar o interceptar información.
Ambos delitos se equiparan en penas que van de dos a cinco años de prisión y multa desde doscientas a quinientas veces el salario mínimo del sector público, un aspecto que es considerado desproporcionado por algunos juristas que cuestionan la iniciativa y la tildan de ser otra de las tentativas por limitar la libre expresión del pensamiento.
El proyecto, enviado por el presidente Luis Abinader a la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio, tiene por objeto “la tutela de los derechos fundamentales, a partir de la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de la información y comunicación o su contenido”.
