Transcurrido un año desde el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse apenas hay certezas sobre la planificación, financiación y ejecución del magnicidio, que ha exacerbado la crisis que vive el país desde hace décadas.
La investigación parece estancada prácticamente desde las primeras detenciones de miembros del comando que en la madrugada del 7 de julio de 2021 asaltó la vivienda del mandatario en Puerto Príncipe, sin encontrar oposición por su cuerpo de seguridad, mientras el entorno de Moïse afirma que los responsables siguen sueltos.
Tanto la familia de Moïse como el primer ministro, Ariel Henry, han solicitado ayuda de las Naciones Unidas en la investigación del magnicidio, que sigue en punto muerto a pesar de las detenciones, allanamientos, incautaciones y demás acciones llevadas a cabo en relación con el caso.
Las autoridades haitianas han arrestado a más de 40 personas por su supuesta implicación en el magnicidio, entre ellos 18 exmilitares colombianos acusados de integrar el comando que irrumpió en la residencia del mandatario para acabar con su vida, y que permanecen en prisión desde entonces sin las mínimas garantías procesales.
Otros tres colombianos fueron abatidos por la Policía haitiana en las horas posteriores al magnicidio, mientras que algunos implicados permanecen prófugos.
