Las autoridades de inmigración de Estados Unidos adquieren y usan «vastas cantidades» de datos de localización de migrantes mediante teléfonos celulares sin orden judicial, denunció este lunes la Unión de Libertades Civiles (Aclu).
La documentación obtenida por Aclu muestra «los intentos del Gobierno por lavarse las manos de toda responsabilidad en la adquisición de datos sobre la localización de personas que requerirían una orden judicial», afirmó Shreya Tewari, de Aclu.
La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés), el Servicio de control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), y otras agencias que dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) han estado recolectando información «extraída de las llamadas de aplicaciones en teléfonos inteligentes», según Aclu.
Las autoridades de inmigración han recurrido a aplicaciones y celulares para determinar la ubicación de migrantes indocumentados que están a la espera de una audiencia en tribunales de inmigración para determinar si permanecerán en el país o deben ser deportados.
El Gobierno ha usado millones de dólares «para comprar el acceso a la información de localización de teléfonos celulares compilada y vendida por dos vendedores de datos, Venntel y Babel Street», añadió el grupo.
Los documentos que Aclu obtuvo mediante una gestión bajo la Ley de Libertad de Información muestran, según el grupo, los intentos de las compañías y del gobierno por «racionalizar esta venta irrestricta de cantidades enormes de datos».
