El Gobierno dominicano quiere recaudar alrededor de RD$3,000 millones con la aplicación de impuestos a los servicios por plataformas digitales. Esto ha generado disgusto en la población, a tal punto, que el reglamento de aplicación que sustentará está todavía bajo consulta y discusión de diferentes actores del país.
Esta es la cuarta vez, desde el 2019, que se intenta introducir este marco jurídico, con el argumento que el usuario dominicano “no pagará el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)” cuando contrate o consuma uno de los servicios que ofrecen proveedores internacionales como Airbnb, Netflix, Amazon, Disney Plus, Spotify, Uber, Apple TV, entre otras. Sin embargo, conocedores del sistema tributario difieren de tal cosa.
El economista Carlos Ramos no ve cabida en lo planteado por el Gobierno, por lo que subrayó que sería difícil que no vaya a haber ninguna incidencia en los consumidores de estos servicios digitales. “Yo dudo mucho que Netflix, Amazon y las demás no apelen al poder del mercado para traspasar el precio a los usuarios”, agregó Ramos.
El también asesor del Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) aseguró “cien por ciento” que estas empresas buscarán la forma legal de que sea el consumidor el que pague de manera total o parcial el gravamen propuesto por el poder Ejecutivo y defendido por las instituciones recaudadoras.
El director de la carrera de Economía de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo (Intec), Richard Medina, entiende que estos “gigantes digitales” tratarán de gravar partiendo de la “elasticidad precio de la demanda”, método que señala cuánto varía la cantidad demandada de un bien o servicio cuando cambia su precio.
Medina estima que el impuesto que tendrían que pagar los dominicanos sería en uno mayor que otros por la característica y estructura funcional de los proveedores, es decir, que no será una tarifa fija igualitaria. “Ejemplo: Disney+ es una sola empresa que brinda el servicio, mientras que, en el caso de Airbnb, tenemos un grupo de prestadores que alquilan sus unidades habitacionales” detalló el profesor; por lo que habría una diferencia marcada en caso de aprobarse la norma que quiere agravar los servicios digitales sin domicilio en el país.
