La amplia cantidad de pruebas aportadas por el Ministerio Público en la acusación contra los involucrados en la red de corrupción desmantelada con la Operación Medusa apuntan a una condena de 20 años de prisión, adelantó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Nosotros, en todos los casos, hemos estado dispuestos a dar la asistencia que sea necesaria para que las defensas puedan revisar las pruebas. Lo que no puede negar la defensa es que la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público es abrumadora. Lo que no pueden negar las defensas es que los hechos que ha presentado el Ministerio Público en esta acusación, son una acusación para 20 años”, dijo Camacho.
Consideró entendible que se otorguen plazos ampliados a las defensas para estudiar las pruebas del Ministerio Público. “Sobre todo, en este caso, que las propias defensas han tenido que reconocer la cantidad de pruebas, la contundencia de la acusación del Ministerio Público, y que estas pruebas son abrumadoras. En ese sentido, es entendible el plazo que el tribunal ha otorgado a las defensas para estudiar estas pruebas”, añadió.
Resaltó que “no deja de ser curioso que algunas de estas defensas habían acusado al Ministerio Público de no tener pruebas en este proceso y hoy tienen que reconocer la amplia cantidad de pruebas que tiene el Ministerio Público y pedirle al juez plazos ampliados para conocer las mismas”.