A pesar de la terminación de los contratos “25-2003”, “la adenda XIII o contrato 25-2003” y “13-2013”, el Estado dominicano representado por el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos, solicitó el pasado 25 de julio que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) anule los referidos contratos y obligue a Sargeant Petroleum y al empresario Mustafá Abu Naba’a a la devolución de 177 millones de dólares por supuestos pagos en exceso realizados por gobiernos anteriores.
El Estado dominicano solicita la nulidad en virtud de una serie de irregularidades que violan la Constitución dominicana, el Código Civil, la ley de Compras y Contrataciones Públicas, entre otras leyes.
De acuerdo con el recurso contencioso depositado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), esa institución asumió los impuestos locales, actuales y futuros o cualquier otro arbitrio sobre las operaciones acordadas. Indica además, que la señalada empresa “nunca ha cumplido con las obligaciones que el Código Tributario le impone”.
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