Mediante el decreto 158-23, el presidente Luis Abinader declaró de alta prioridad nacional la implementación de una política de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos de la Administración Pública que se encuentran bajo la dependencia del Poder Ejecutivo.
El documento parte de la premisa de que los órganos de la Administración deben adoptar medidas que sirvan como modelo a seguir por parte de la ciudadanía y las empresas privadas, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental y energética en todo el país.
Se señala que esta línea de acción es necesaria para lograr los objetivos de la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Además, constituye una práctica de gobierno propia de la idea de la Buena Administración.
El decreto establece dos categorías de consumidores estatales de conformidad a la sumatoria de todos sus suministros de energía interconectados a la Red Eléctrica y dispone obligaciones para cada caso. Igualmente desarrolla iniciativas sobre consumo energético, desarrollando medidas en materia de ahorro y eficiencia energética, que van desde aspectos relacionados a la temperatura de los condensadores de aire a criterios sobre el alumbrado público de las instituciones.
Por igual, el documento presenta metas de ahorro, planes estratégicos y operativos, el diseño de una campaña nacional de promoción del ahorro y eficiencia energética, la implementación de fuentes renovables de energía y otros importantes pasos en la dirección de generar un impacto favorable para los dominicanos, tanto en su medioambiente como en la economía del país.
Fuente: cdn
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