La Cámara de Cuentas (CCRD) recomendó al Ministerio Público ejercer las atribuciones que le confiere la ley, ante las irregularidades encontradas en el informe de auditoría practicado a la construcción del Metro de Santo Domingo durante la gestión del ingeniero Diandino Peña.
La CCRD le hizo saber al Ministerio Público, que las irregularidades evidenciadas por los hallazgos, en su conjunto, suponen un perjuicio directo a los intereses del Estado y configuran una transgresión del ordenamiento constitucional y legal imperante y que, por ende, los funcionarios comprometieron su responsabilidad civil, administrativa, e incurrieron en indicios de responsabilidad penal, conforme a las disposiciones de los artículos 47, 48, 49 y 54 de la Ley 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.
Por tal razón, el citado informe de auditoría indica que “procede informar al Ministerio Público para que ejerza las atribuciones que le confiere el artículo 169 de la Constitución, en su calidad de órgano con el monopolio de la acción penal pública”.
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