República Dominicana. – El presidente del Colegio de Abogados y de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surún Hernández, junto al comerciante Manuel García Mejía sometieron a la justicia al viceministro de Infraestructura Vial (VIVI), del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Elías Santana y al empresario y dirigente del PRM, Rafael Guzmán Mendéz, gerente de la constructora Cogusa, S.R.L; acusados de complicidad en las irregularidades de la contratación del proyecto de ampliación de la Autopista de San Isidro.
Solicitaron a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) profundizar las investigaciones sobre este caso y a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Compras y Contrataciones a ordenar la suspensión inmediata de los desembolsos de recursos para dicha obra, ya que la misma fue iniciada violando las leyes y procedimientos existentes.
“Sin embargo confirmamos que el párrafo del artículo 18 de la Ley de Compras y Contrataciones antigua la 105 del año 1967, por la que se rige dicho contrato, prohíbe de manera expresa la sesión de cualquier tipo de contrato para obras viales y la Ley de Compras y Contrataciones actual la 340-06 tampoco permite la cesión de más del 50% de ninguna obra sin la realización de una proceso de compra, por lo han cometido una franca violación a las legislaciones antiguas y vigentes”, expresaron el jurista y el empresario.
Surun Hernández agregó que otra mentira del Ministerio de Obras Públicas fue la de declarar que las modificaciones de la obra fueron aprobadas por asambleas populares lo que ha sido desmentido por los dirigentes comunitarios, empresarios y por el mismo Ayuntamiento de Santo Domingo Este quien ha dicho que no ha autorizado la construcción de dicha obra.
Fuente: an7
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