El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional estableció que solo el Estado, a través de abogados apoderados por el Poder Ejecutivo, pueden ser reconocidos como actor civil en los procesos seguidos a funcionarios públicos vinculados a actos de corrupción y afectación del patrimonio público.
La jueza Yanibet Rivas, al dictar apertura a juicio en contra de 43 personas físicas y jurídicas imputadas en los denominados casos Coral y Coral 5G, reiteró la calidad que tiene el Estado para ser querellante y actor civil en los procesos penales y que la designación del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) no transgrede las facultades del presidente de la República, Luis Abinader, ni es una intromisión a las funciones del Ministerio Público.
“Una grandiosa decisión. Cuarenta y tres personas que tendrán que ir a juicio, no solamente a responder por sus crímenes contra el Estado y la ciudadanía sino, también a enfrentar la real posibilidad de pagarle al país una indemnización de RD$20, 974 millones”, manifestó José Alberto Ortiz miembro del ERPP contratado por el Ejecutivo.
“Triunfó la facultad que tiene el presidente de la República de emitir un decreto contratando abogados para la recuperación del patrimonio público. Triunfó la ciudadanía dominicana que ahora va a ir a un juicio de fondo, representada por los abogados que contrató el presidente para recuperar el dinero que le fue robado”, explicó el jurista respecto al fallo en donde la jueza reconoció la facultad que tiene el presidente Abinader para contratar abogados en nombre del Estado.
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