Los representantes legales de 17 de los afectados de la explosión en San Cristóbal, que el 14 de agosto de 2023 cobró la vida de 42 personas, anunciaron este miércoles el sometimiento y demanda por daños y perjuicios patrimonial y civil contra el Estado, el ayuntamiento municipal y su alcalde José Montás, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a su ministro Deligne Ascensión, y a empresa Consorcio Rylco y Asociados.
Según una nota de prensa, los abogados Roberto Oscar Faxas Sánchez, Bernardo Ledesma, Pedro Casado Jacobo y Rafael Manuel Nina Vásquez, informaron que el sometimiento de demanda fue depositado este miércoles a través del Tribunal Superior Administrativo en cumplimiento al artículo 148 de la Constitución de la República, que dijeron, establece que el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como la ocurrida el pasado 14 de agosto en San Cristóbal «y, más en este caso, donde el control, guarda y cuidado del lugar donde se produjo el incendio estaba bajo el dominio de las autoridades en el momento de la tragedia».
Afirmaron que es la primera vez que en el país se hace este tipo de demanda judicial, «lo que representa un hecho sin precedencia».
Exigen profundizar investigaciones
Una nota de prensa señala que, al cumplirse seis meses de la detonación, familiares de los fallecidos y afectados aún exigen una investigación más profunda «para dar con toda la verdad de los hechos».
«En medio del dolor, con pancartas en manos, decenas de familias siguen pidiendo justicia para tener un poco de consuelo», indica el documento.
Fuente: diario libre
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