Representantes de grupos de los Derechos Humanos y del Colectivo de Luchas Populares, protestaron crucificados frente a la Procuraduría General de la República, exigiendo a la magistrada Mirian Germán, devolver los bienes propiedad del señor Antonio Carbone tras alegar que las imputaciones que pesan en su contra, forman parte de una trama orquestada por sectores de poder en el país.
El activista, Diógenes Ozuna, catalogó como un abuso y un atropello la imposición de prisión preventiva como medida de coerción a Antonio Carbone.
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