Las autoridades dan los toques finales a un proyecto que busca solucionar los inconvenientesque genera la retención de vehículos en El Canódromo El Coco, en la capital, que está bajo el control de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Ayer tuvieron un encuentro el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
Tras el encuentro se explicó a los medios de comunicación que una comisión de instituciones del Estado y el Defensor del Pueblo avanzan el proyecto.
Es el segundo encuentro entre las autoridades y el Defensor del Pueblo, luego de que se solicitara realizar las investigaciones sobre el manejo y las retenciones irregulares de vehículos en el Canódromo.
Entre los acuerdos preliminares, el Ministerio de Interior y Policía, el Defensor del Pueblo, Impuestos Internos, Contraloría General de la República, la Digesett y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, acordaron examinar los estatus jurídicos de todos los vehículos, para entregárselos a las personas que muestren la documentación que exige la ley.
En la próxima reunión, los órganos administrativos designarán los grupos de trabajo para cada centro de retención, con el objetivo de apoyar a la Contraloría General de la República en el levantamiento general de esas unidades y su condición.
El encuentro contó con la participación del ministro del MIP, Jesús Vásquez Martínez, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el director de la DGII, Luis Valdez Veras; el director de la Digesett, Ramón Antonio Guzmán Peralta, el contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then y el director ejecutivo Intrant, Rafael Arias.