El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este martes su Ley para la Reducción de la Inflación, que calificó como “una de las más importantes de la historia” del país y que buscará garantizar “la equidad” entre los ciudadanos, tras las duras consecuencias económicas de la pandemia de covid-19.
“No se trata solo del hoy, se trata del mañana. Se trata de brindar progreso y prosperidad a las familias estadounidenses, de mostrar a los estadounidenses que la democracia todavía funciona en Estados Unidos, a pesar de todo lo que se habla de su desaparición”, apuntó Biden en un acto en la Casa Blanca.
El mandatario apareció con mascarilla y solo se la quitó para hablar, después de que este mismo martes su esposa, Jill Biden, diera positivo por coronavirus, unos días después de superar él la enfermedad.
Este es uno de los proyectos estrella del presidente, que realizará durante las próximas semanas una gira por el país para explicar las ventajas de la ley, que busca, entre otros asuntos, la reducción de la inflación, en plena escalada de precios por la pandemia y la guerra de Ucrania.
Además, el 6 de septiembre organizará un evento para celebrar la promulgación de esta ambicioso paquete fiscal, sanitario y ambiental, aprobado el pasado día 12 por el Congreso, con la que pretende fortalecerse frente a la opinión pública ante los comicios de medio mandato que se celebrarán en noviembre. La Ley de Reducción de la Inflación contempla más de 400.000 millones de dólares en nuevas inversiones, casi todas centradas en dar un impulso a la industria de la energía verde en el país y a reducir las emisiones de gases contaminantes.
Supondrá la mayor inversión pública contra la crisis climática en la historia de Estados Unidos. Sus partidarios estiman que servirá para reducir en un 40 % las emisiones contaminantes del país de aquí a 2030.
Para financiarlo, los demócratas proponen un impuesto mínimo del 15 % a las compañías con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares, y reforzar la agencia de recaudación de impuestos para hacer más difícil evitar pagos, entre otras cosas.
Además, el plan permitiría que Medicare, un programa de cobertura sanitaria para las personas mayores de 65 años, pueda negociar los precios de las medicinas recetadas.