Santo Domingo, 21 de diciembre de 2023. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la suspensión del inicio del juicio que se sigue a los señores Rafael Olegario Helena Regalado y Ailec Paloma Soto Garabito, acusados del fraude societario del que han sido víctimas las familias Mayol y Serrano, propietarias verdaderas de Costa Dorada, dueñas de más de 6.3 millones de metros cuadrados en la costa de Baní, al lado del proyecto Puntarena.
Las juezas fijaron como fecha de la nueva audiencia, el 21 de marzo de 2024, a la espera de que la fecha señalada, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional haya conocido y fallado dos recursos que tienen pendientes, uno incoado por las empresas Hilari Mayol, S. A. S., Mayol & Co, S. R. L., Okra Company, L. T. D., y Grand Cays Corporation, y otro por el ministerio público.
Al justificar la decisión, la magistrada Yissell Soto, quien presidía la audiencia, expresó que, por la salud del proceso y por una cuestión de la seguridad jurídica y de garantizar los derechos de todas las partes involucradas, se hacía necesario que el tribunal esperara la decisión de la Corte, puesto que existen en el caso de la especie asuntos que van más allá de lo que el tribunal puede resolver.
La jueza indicó que era su responsabilidad y deber para impartir justicia con equidad. “Ciertamente, el tribunal sabe el impacto de sobreseer un proceso en aquellos que están recibiendo el peso juzgador del estado de los querellantes, no sería muy cómodo, pero el tribunal debe tener todas las vías necesarias para que todos reciban la justicia”, dijo la magistrada Soto al término de la audiencia.
De su lado, la fiscal Magali Sánchez, encargada de Casos Complejos de la Fiscalía del Distrito Nacional, dijo que el Ministerio Público se adhería al pedimento de las sociedades querellantes, porque la decisión del juez de la instrucción también le afecta, ya que el error judicial cometido por el juez de la instrucción le impide presentar en juicio la acusación que hizo suya al adherirse a la de las sociedades querellantes, una facultad que le asiste y que ejerció en el momento procesal oportuno; además, porque luego de una investigación llevada a cabo por el ministerio público, éste reconoció como víctimas a las sociedades querellantes, no a quienes hoy quieren presentarse como tales y en esa virtud pretenden desistir de la acusación.
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